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Comunicados

Comunicados (48)

15/06/2016. El Instituto Federal de Comunicaciones dio a conocer hoy en sendos comunicados, la Resolución del Pleno del día 8 de junio sobre el otorgamiento de concesiones sociales de uso social somunitaria para La Calentana Luvimex A.C. y para tres radios que transitan de la antigua figura de “permisionadas”, a Concesiones Sociales Comunitarias de acuerdo a la nueva Ley.

Indalecio Benítez, representante legal de la Calentana Luvimex, A.C, señaló que el otorgamiento de la concesión es un triunfo para la comunidad de Luvianos, un acto de justicia ya que por fin la comunidad tendrá de manera legal una radio que responda a sus necesidades e intereses; pero también destacó, es un logro para el movimiento de radiodifusión comunitaria en México.
El comunicador calificó como una responsabilidad doble el ser la primera concesión de uso social comunitaria otorgada en el marco de la nueva LFTR: “Ahora tenemos que demostrar y poner el ejemplo para que el IFT y la sociedad en general conozcan cual es el verdadero sentir de la radio comunitaria”.

El también director de Radio Calentana, envió un mensaje de aliento a todas las comunidades que aún permanecen en espera del otorgamiento de una concesión de uso social comunitaria o indígena, para que continúen la batalla y no renuncien a su legítimo derecho. Finalmente agradeció el apoyo recibido de distintas organizaciones como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, de la cual es integrante.

Las tres radios anteriormente permisionadas, que transitaron a ser concesionarias de uso social somunitarias son: UANDARHI, de Uruapan Mich.; ECOS de Manantlán, de Zapotitlán de Vadillo, Jal.; y Radio TIERRA Y LIBERTAD, de Monterrey, N.L.

AMARC México se congratula con estos cuatro colectivos por el importante avance que representa el otorgamiento de sus concesiones para el fortalecimiento del sector social comunitario, que se abre paso lenta pero firmemente en la lucha por la democratización de los medios en México.

Héctor Camero Haro                                         Irina Vázquez Zurita

Representa Nacional                                       Coordinadora Ejecutiva

*Por Héctor Camero Haro

 


El caso de África…

Uno de los temas centrales durante la pasada 11° Conferencia de AMARC en Ghana, fue justamente sacar de la sombra la realidad que viven los pueblos africanos: una historia de siglos de saqueo y explotación de sus recursos humanos y materiales, visibilizar sus luchas de liberación y por remontar el atraso; destacar el uso de las radios comunitarias como una herramienta para el conocimiento y ejercicio de sus derechos; y también identificar los conflictos que como comunicadores comunitarios enfrentan.

Kwame Karikari, Presidente de la Fundación de Medios para África Occidental y Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Ghana, expuso que en su país hay una legislación atrasada respecto a las radios comunitarias, mientras ocurre un abandono de los problemas de las comunidades rurales por los medios estatales y comerciales. El Profesor Karikari, también afirmó que las radios comunitarias no deben ser neutras respecto a los intereses de la comunidad, pues tienen una posición definida por la justicia social, y deben ser movilizadoras.

Otra de las voces que se dieron cita al abordar la problemática, fue Sulemana Brahima, Director Ejecutivo de la Fundación de Medios para África Occidental, quien intervino con el tema “La protección de la seguridad de los periodistas para promover la libertad de expresión”, a partir de la cual denunció los problemas de impunidad en las agresiones contra comunicadores en la zona: “No hay un solo día en que alguno de los 16 países de África Occidental no tengan una denuncia”, afirmó.

El especialista hizo hincapié en que la gravedad de la problemática en Ghana ha logrado atraer el interés de las Naciones Unidas, pues el 80 por ciento de los perpetradores de la violencia son agentes del Estado, y esto ocurre en un país que se hace llamar “de libertades”. Añadió: “es significativo que un movimiento de tres semanas de huelga de médicos no haya sido en demanda de aumento de salarios, sino en protesta por las condiciones en que prestan sus servicios”.

El experto en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a causas de justicia social y organización de la comunidad, Valentine Eben, de Camerún, advirtió críticamente que algunas Radios comunitarias se han convertido en juego, en lucro y han perdido su relación con la comunidad, por lo que señaló “es indispensable que la gente se adueñe del proceso de gestión de las radios”.

Finalmente Steve Buckley, ex Presidente Internacional de AMARC y Director General de Community Media Solutions, destacó los esfuerzos llevados a cabo para desarrollar el Proyecto Aswatona que tiene el objetivo de extender los medios comunitarios e independientes en el Medio Oriente y el norte de África. Buckley también comentó que existen radios comunitarias en el norte de África: Argelia, Túnez, Marruecos y Libia y así como en oriente medio: Siria, Jordania y Gaza, emisoras que están dando una lucha por su reconocimiento en la legislación, y que expresan su compromiso con los diferentes sectores de la comunidad

La regulación del sector…

El experto de origen argentino Damián Loreti, durante su ponencia “Medios comunitarios, y la seguridad institucional; la regulación del sector", habló sobre la evolución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, la cual ofrece indudablemente un modelo de perseverancia y de lucha, pues sus antecedentes se sitúan desde las prohibiciones en materia de libertad de expresión durante la dictadura militar hasta los importantes avances en la legislación actual, cuyos alcances no pueden reducirse solamente a la frontera nacional.

Loreti explicó que tras la caída del régimen militar y después de masivas movilizaciones, se lograron importantes avances en la ley. En la propuesta ciudadana del proyecto de ley, una parte del texto son las reglas en sí mismas, otra parte son notas de derecho comparado y de resoluciones y recomendaciones sobre libertad de expresión que sirven para interpretar el sentido de la ley y una tercera parte son notas al pie, que especifican las personas y organizaciones que tomaron parte en las audiencias públicas para discutir las propuestas; tanto en el texto como en las notas al pie, aparecen principios y citas de Amarc en las definiciones de la ley.

Dada la apretada agenda de AMARC 11, Loreti propuso resumir tres aspectos básicos del proceso argentino:

Primero, el cambio de participantes en el mundo de la comunicación audiovisual que había antes en la ley de la dictadura militar de los 80s, una de las peores en el mundo porque estaba prohibida la radiodifusión no comercial. La razón de ser de la radiodifusión era el lucro, ganar dinero y los únicos que podían hacerlo eran las sociedades con fin de lucro: “En otros países de América Latina el problema era la retención, acá era directamente porque estaban prohibidas. El primer cambio fue la aparición de la radiodifusión sin fines de lucro, las radios comunitarias, otra definición que AMARC ha propuesto a la radio-comunicación”, señaló.

Segundo, la actividad de la radiodifusión pasó de ser una actividad comercial industrial a ser el soporte del ejercicio del derecho a la comunicación y la libertad de expresión, a lo que agregó: “ Esa misma razón de ser determina que el rol que tiene el Estado es la garantía del pluralismo, la diversidad y el derecho a la comunicación de los habitantes de la Argentina”.

El que fuera asesor de AMARC ALC, refirió que: “Se tomaron todos los estándares en las recomendaciones de los Relatores de la Libertad de expresión, tanto en la declaración de principios como en la ejecución de políticas, entre ellas la garantía de un tercio en todas las localizaciones radioeléctricas, en AM FM y TV digital o analógica para los concursos de aplicación de frecuencias. No se fiscaliza el aporte dinerario, no hay subasta, sino concurso con un puntaje establecido por expertos”.

Dicho lo anterior, agregó que hay una excepción a esta regla solamente, en beneficio de las Radios Comunitarias. El Artículo 49 que prevé aplicaciones directas en lugares de vulnerabilidad social y disponibilidad de espectro. En ese caso no se concursa, y hay 250 radios ya adjudicadas en base a esta regla. La lógica general de la ley, es restañar un derecho que había estado prohibido, y al mismo tiempo impulsar la inserción de las Radios Comunitarias plurales de vulnerabilidad social.

Al mismo tiempo, la ley garantiza a los pueblos originarios su reconocimiento como personas de derecho público. Esto para la legislación argentina significa que son preexistentes al Estado argentino. Son primeras naciones, y en su condición de tal se les garantiza sin necesidad de concursos, radios y televisoras en los lugares donde están establecidos.

Tercero, la defensoría del público es otra aportación de esta ley, que funciona como un ombudsman dependiente del parlamento nacional, destinada a fiscalizar en nombre de las audiencias el cumplimiento de la ley por parte de los medios y de las autoridades.

Loreti detalló las siguientes cifras:

Hay actualmente más de 80 solicitudes, de las cuales se otorgaron 50, incluidos una radio y Tv en la Patagonia, zona sur de Argentina. A la fecha hay 692 concursos en ejecución o sea, llamados por el Estado con presentaciones hechas para FM; hay 83 concursos de Tv digital, de los cuales un tercio está llamado en condiciones especiales para las entidades sin fines de lucro.

Hay previsiones específicas en materia de sustentabilidad de la radiodifusión comunitaria, que establecen una asignación obligatoria para un fondo concursable de proyectos de programación y de fortalecimiento de infraestructura de las emisoras, que es el 10 % del total del impuesto que recauda toda la autoridad de aplicación, más o menos, al año pasado 10 millones de dólares, que se reparten en base a concursos con jurados externos a la autoridad de aplicación. Son subsidios, no créditos, o sea, no se devuelve ese dinero.

*Representante Nacional de AMARC- México

 

Un largo sendero marcado por huellas de luchas de esperanzas remotas, de reclamos no escuchados, de esfuerzos menospreciados, de comunidades atropelladas, de equipos secuestrados, de comunicadores populares tratados como delincuentes, culminó con el reconocimiento constitucional de los medios indígenas y comunitarios como sector social de la comunicación, hace dos años, y con la publicación de la ley secundaria que permitiría el acceso de las comunidades indígenas y urbanas y rurales pobres a las concesiones hace uno, el 14 de julio de 2014.

Sin embargo, un año después de la publicación de la Ley, la desproporción entre los sectores comercial, público y social que ocupan el espectro, sigue siendo colosal. En un extremo, los poderosos concentradores de los medios, usufructuarios de siempre de este bien nacional como patrimonio privado, aprovechan los avances tecnológicos y las limitaciones de la nueva ley frente a los monopolios para consolidar su poder.

En el otro extremo, los medios de uso social comunitarios e indígenas, no han podido beneficiarse de los aspectos positivos de la ley, por el ritmo impuesto por el IFT para la aprobación de los lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones, que ha sido exactamente de un año. Un largo año que sin embargo, no dio tiempo para una satisfactoria consulta indígena de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. De la aprobación de estos lineamientos dependen las nuevas solicitudes de frecuencias, y de dicha aprobación ha hecho depender el IFT el tránsito de las actuales radios permisionadas al régimen de concesionarias de uso social comunitarias e indígenas.
Todavía más: al no tener este reconocimiento por la falta de lineamientos, las radios comunitarias e indígenas que transmiten actualmente en calidad de permisionadas no han podido tener acceso a la fuente de financiamiento aprobada desde hace un año en la nueva ley, a través de la disposición del artículo 89, fr. VII, respecto a la aplicación del 1 % de los presupuestos de comunicación social de las dependencias federales para venta de publicidad por los medios comunitarios e indígenas.

AMARC México ha demandado al IFT el reconocimiento sin más demoras, de sus radios asociadas actualmente permisionadas, como concesionarias indígenas y comunitarias, ya que fue en esa calidad que la extinta COFETEL autorizó los permisos, y las características que define la ley actual son las mismas que se aprobaron en aquel entonces. La negativa del IFT a acceder a esta justa demanda implica, por una parte, aplicar retroactividad a la ley, y por otra, una actitud discriminatoria que cancela a las radios comunitarias e indígenas de Amarc la posibilidad de obtener recursos legítimos para su autosostenimiento.

En esta demanda, AMARC México se ha apoyado en la opinión autorizada del Consejo Consultivo del IFT, que publicó una recomendación para el reconocimiento inmediato de las permisionadas como concesionarias comunitarias e indígenas, o bien, para emitir una constancia que permita a estos medios gestionar los recursos señalados en el art. 89 antes de que éstos sean agotados.
A un año de gestión bajo la nueva ley, las condiciones indeseables de un oligopolio en un extremo y de las radios pobres, pocas y pequeñas en el otro extremo del espectro nacional siguen existiendo. Demandamos al IFT a aplicar la voluntad política para corregir esta asimetría que violenta el derecho del pueblo mexicano a la líbertad de expresión e información, lo cual no significa torcer los criterios legales, sino interpretar la ley con sentido de justicia social.

Héctor Camero Haro
Representante Nacional AMARC-México
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AMARC-MX, 9 de julio de 2015. Las radios comunitarias e indígenas integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo México, señalamos que a un año de haber sido publicada la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el 14 de julio de 2014, continuamos transmitiendo en calidad de permisionadas, y al concluir la primera mitad del año en curso aún no hemos podido acceder al título de concesión de uso social comunitario e indígena, y por lo tanto tampoco a los recursos autorizados en el artículo 89 de dicha ley sobre las formas para la obtención de ingresos, que en la fracción VII establece:

"Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos".

Preocupadas profundamente por el retraso de nuestro reconocimiento como concesiones de uso social comunitarias e indígenas, que a su vez nos impide comenzar a trazar la ruta para acceder al 1% y, contemplado el posible agotamiento de los presupuestos destinados este año por las dependencias arriba citadas, es que hacemos un llamado público al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que a la brevedad resuelva las solicitudes de transición de radios permisionadas a concesiones de uso social comunitario e indígena según sea el caso, que fueron entregadas el 24 de junio pasado, documentos en los que justificamos el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 67, fracción IV de la LFTR.

O en su defecto, el IFT nos emita una constancia donde reconozca nuestra naturaleza como medios comunitariaos e indígenas, para de esta forma acceder a los recursos que por ley nos corresponden, recomendación hecha por el Consejo Consultivo del mismo instituto durante su sesión ordinaria del 23 de abril del presente.

Afirmamos junto con el Consejo Consultivo del Instituto que "es necesario que el IFT facilite los trámites a estos operadores, pues de otra manera por la vía de los hechos sería el propio Instituto el que estaría impidiendo el acceso a recursos económicos a las comunidades indígenas y otras en condición de vulnerabilidad, ya que no pueden acudir a las instituciones federales, estatales y municipales si no demuestran el reconocimiento del IFT como concesionarios de uso social comunitario e indígena en este año fiscal, debido a los retrasos del propio IFT".

En ese sentido, otra preocupación que nos atañe es que no existe claridad sobre los montos y el mecanismo para la asignación equitativa de dichos recursos contemplados en la ley para las radios comunitarias e indígenas. Por esta razón, nos unimos a los señalamientos emitidos por distintas organizaciones, pues a tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, a la fecha no se ha reformado la compra de publicidad oficial por parte de las entidades de gobierno, predominando la no transparencia y la discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos.

Es urgente que el ejecutivo cumpla con los compromisos asumidos durante su primer año de gobierno a favor de una reglamentación que regule la compra de publicidad oficial de los gobiernos federal, estatal y municipal, y que agilice y facilite el derecho de las concesiones de uso social comunitarias e indígenas a acceder al 1% del monto para servicios de comunicación social y publicidad.

Para hacer pública una vez más nuestra exigencia, representantes de 18 radios integrantes de la AMARC-México, distribuidas en diferentes entidades del país, nos reuniremos en el edificio sede del IFT el próximo viernes 10 de julio a las 11 de la mañana, esperando de esa autoridad normativa la receptividad y sensibilidad necesarias para resolver favorablemente estas solicitudes.

AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México

FUNDAR, Centro de análisis e investigación

AMEDI, Asociación Mexicana de Derecho a la Información

México D.F.,  a 19 de mayo de 2015.  Las radios comunitarias Echais 88, Khurandi, Expresión Alternativa  y Comunicación y Cultura recibieron el día de ayer sus títulos de concesión de uso social. Estos colectivos corresponden a las comunidades de Purépero, San Juan Parangaricutiro y Los Reyes, de Michoacán, y  Ahualulco de Mercado, Jalisco, respectivamente. Todas ellas asociadas a la Red de Radios Comunitarias de México
A. C., AMARC/ México.


Son las cuatro primeras concesiones de uso social-junto con otras dos pertenecientes a asociaciones civiles y una universidad privada-que son otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la historia de México y posterior a la aprobación de la Reforma Constitucional de 2013 y su ley reglamentaria en 2014.

Estas cuatro solicitudes aprobadas forman parte de un grupo de siete que ingresaron a la COFETEL como solicitudes de permisos presentadas entre 2010 y 2012. La AMARC México reconoce el esfuerzo realizado por las actuales autoridades del Instituto para culminar estos trámites con la resolución favorable del Pleno.

La resolución de otorgar las concesiones con el carácter solamente de “uso social”, y no como de “uso social comunitarias e indígenas”, es debido a que esas definiciones se encuentran actualmente en etapa de consulta junto con el resto de Lineamientos generales para la entrega de concesiones. Una vez definidos y aprobados estos lineamientos, las nuevas concesionarias, junto con el resto de radios permisionadas (2004, 2005 y 2010) asociadas a la AMARC-México solicitarán su tránsito al régimen de Concesiones de uso social comunitarias o indígenas.

La Red de Radios Comunitarias de México/AMARC México se congratula junto con los colectivos concesionados, sus comunidades y la organización hermana ORCEIM en la que también participan los tres colectivos de Michoacán por este histórico logro, ya que por primera vez en la historia de la radiodifusión mexicana y su legislación se reconoce al sector social de la comunicación y se da con ello un importante avance en la democratización de los medios, así como en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la  información y comunicación para los más amplios y vulnerables sectores de la población.

Nuestra organización apela a que en apego a un espíritu de servicio público, el IFT acelere la solución a los trámites pendientes de nuestra organización, como a los de todos los que formamos parte del sector social de la comunicación, considerando el enorme rezago histórico que significa  la inexistencia a la que por más de nueve décadas se nos condenó.


Héctor Camero Haro
Representante Nacional

Irina Ivonne Vázquez Zurita
Coordinadora Ejecutiva

Mesa Nacional de Trabajo:
Elsa Castorela  (Representante de la Red de Mujeres de AMARC/México)
Rocío Román
Alejandro Barrón
Bruno Salazar

Martes, 18 Noviembre 2014 20:31

La AMARC se pronuncia por los desaparecidos de Ayotzinapa

Escrito por

5 de noviembre. Durante su más reciente sesión llevada a cabo en Roma, Italia, los días 27 y 28 de octubre, el Consejo Internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) aprobó una resolución para solicitar al Estado mexicano la aparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero. La angustia de padres y madres es completamente comprensible y la AMARC se une a la exigencia por la aparición con vida de sus hijos.

Asimismo, la AMARC exige el esclarecimiento y la aplicación de justicia para las personas que fueron asesinadas en los tiroteos del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala del mismo estado.

Para la AMARC, la desaparición de personas está completamente fuera de los parámetros de democracia que México pretende mostrar en el ámbito internacional, para que un país pueda considerarse democrático y respetuoso de los derechos humanos, primero debe salvaguardar estos derechos con sus ciudadanos/as, por lo que la AMARC recomienda al gobierno de Enrique Peña Nieto, garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluido el de la libertad de expresión, de la población mexicana.

Lea también: AMARC Stands in Solidarity with Ayotzinapa / L’AMARC solidaire d’Ayotzinapa

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AMARC es una organización no gubernamental internacional al servicio del movimiento de la radio comunitaria, que agrupa cerca de 4.000 miembros y asociados en mas de 110 países. Su objetivo es apoyar y contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y participativa de acuerdo con los principios de solidaridad y la cooperación internacional. En el Consejo Internacional de AMARC se encuentran representados todos los continentes.

 

  • La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es discriminatoria y violatoria de derechos fundamentales, señalan.
  • #LeyTelecom restringe la difusión de las lenguas indígenas.
  • Vaga e inadecuada la definición de producción nacional independiente.

México, D.F., a 13 de octubre de 2014.- Mediante 10 demandas de amparo interpuestas ante los Juzgados Primero y Segundo Administrativo Especializado en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia, distintas radios comunitarias e indígenas como “La Voladora Radio”, “Radio Xalli”, “Nandhía FM”, “Radio Tierra y Libertad” y “Neza Radio”, las comunidades indígenas de Tlacolula y de Teotitlán en Oaxaca, así como productores independientes de la Asociación Mexicana de Productores Independientes; pretenden se declaren inconstitucionales distintas disposiciones contenidas en la recientemente entrada en vigor Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En conferencia de prensa, Gisela Martínez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Mardonio Carballo, escritor y productor indígena, Aleida Calleja y Luis Fernando García, abogado; expresaron sus preocupaciones por las implicaciones de esta ley sobre la comunicación en México y las motivaciones para llevar esta lucha al ámbito judicial.

Entre los artículos impugnados se encuentran:

Artículo 15, fracción XLI: permite al Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenar la suspensión precautoria de transmisiones en radio y televisión lo cual constituye claramente una forma de censura previa prohibida por la Constitución y tratados internacionales.

Artículo 83: impone un régimen discriminatorio sobre las condiciones de la asignación de concesiones para comunitarios e indígenas frente a concesionarios con fines comerciales.

Artículo 85: que permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer de manera discrecional las condiciones para el otorgamiento de concesiones de uso social violando el principio de legalidad.

Artículos 89: establece condiciones discriminatorias en las fuentes de financiamiento de los concesionarios en detrimento de los medios comunitarios e indígenas como la prohibición de acceso a patrocinios y venta de publicidad de manera libre y sin fines de lucro (bajo el principio de reinversión), incluso cuando esto resulta contrario a resoluciones previas de la SCJN.

Artículo 90: restringe la asignación de concesiones a comunitarios e indígenas a las “partes altas” de AM y FM , dándole margen al IFT de alegar no disponibilidad y limitando el desarrollo de estos medios.

-          La ley de telecomunicaciones restringe las transmisiones en lengua indígena en su Artículo 230.

El artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) obliga a los concesionarios de radiodifusión a realizar sus transmisiones en el “idioma nacional”, restringiendo el uso de lenguas indígenas exclusivamente a aquéllos concesionarios de uso social indígena.

La anterior restricción resulta discriminatoria y contraria al derecho a la libertad de expresión, en tanto, por un lado, se impide a un sector de la población indígena que no habita en sus comunidades a acceder a información y contenidos en su lengua y por el otro, se impide a quienes hablan lenguas indígenas, a difundir su lengua en los medios de comunicación no indígenas.

Cabe señalar que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo 4º reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, no obstante, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión infiere que las lenguas indígenas no lo son, restringiendo su uso únicamente a los medios comunitarios indígenas e impidiendo su uso a los medios de uso social, público o comercial y restringiendo así, de manera arbitraria, la difusión de las lenguas indígenas en la mayoría del territorio nacional.

La restricción discriminatoria que se señala en el artículo 230 desconoce, a su vez, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que reconoce los derechos lingüísticos de las y los indígenas, incluso de aquellos que por diversas razones no residen en el territorio de la comunidad o pueblo indígena respectivo.

-          La ley de telecomunicaciones establece con vaguedad la definición de productores independientes lo cual amenaza la pluralidad de contenidos en la radiodifusión.

La reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, dispuso en su artículo tercero transitorio, fracción VI, la obligación de parte del Congreso de la Unión de adecuar el marco jurídico para “establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), si bien, contempla algunos incentivos para que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión para uso comercial programen producción nacional independiente y contempla, de manera genérica, que el Ejecutivo impulse medidas de financiamiento para estos sectores, incumple la obligación constitucional de asegurar la promoción de la producción nacional independiente al definir a los productores nacionales independientes de manera vaga e imprecisa.

El artículo 3, fracción XLVIII de la LFTR define al “productor nacional independiente de contenidos audiovisuales” como:

“Persona física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando”

La anterior definición resulta ser vaga e insuficiente para asegurar que las personas físicas o morales sean auténticamente independientes de las concesionarias, transgrediendo así, los límites impuestos por el mandato constitucional de asegurar la promoción de la producción nacional independiente. Lo anterior es así en tanto pueden construirse entre una persona física o moral productora de contenidos audiovisuales y una concesionaria de telecomunicaciones o radiodifusión relaciones de dependencia económica y aun así ser considerados como productores nacionales independientes, lo cual pervierte cualquier mecanismo de apoyo a la producción nacional independiente.

 Puedes ver la conferencia completa en: http://www.ustream.tv/recorded/53915052

Datos de contacto:

AMARC-Mx:
5672 4961
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