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Lunes, 31 Marzo 2014 21:23

Sociedad excluida, presidencialismo restaurado y televisoras agraciadas con la iniciativa presidencial de ley de telecomunicaciones y radiodifusión Destacado

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El gobierno federal y el PRI han decidido imponer un grave retroceso legal a la reforma constitucional para telecomunicaciones y radiodifusión. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ya circula en el Senado de la República contiene disposiciones que agravian a los ciudadanos y contravienen la reforma constitucional de junio pasado. Esa iniciativa, entre otros desatinos:

1. Beneficia a las empresas televisoras al disponer que la preponderancia en radiodifusión se definirá únicamente tomando en cuenta a la audiencia y no la capacidad de transmisión o el número de concesiones.

2. Los límites a la concentración especialmente en radiodifusión son dudosos, por no decir casi inexistentes.

3. Adjudica a la Secretaría de Gobernación la revisión de contenidos en radio y televisión, privando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de una de sus atribuciones esenciales.

4. Deja bajo el control de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo nacional de radiodifusión pública. A ese organismo no se le asigna de manera expresa la tarea de operar una cadena de televisión y otra de radio de alcance nacional.

5. Omite la regulación de contenidos de radiodifusión en temas esenciales como derechos de los niños, integridad de contenidos audiovisuales y publicidad engañosa.

6. No contiene disposición alguna en beneficio de la producción nacional independiente.

7. Discrimina a los medios comunitarios e indígenas al impedir que tengan diversidad de opciones de financiamiento, incluyendo la posibilidad de tener espacios comerciales, y se les deja en una alta incertidumbre jurídica al mantener criterios discrecionales para acceder a las frecuencias. Además se les piden los mismos requisitos que a los medios de uso público, lo cual es un absurdo porque no se le puede exigir lo mismo a una comunidad indígena que a una institución del Estado, en un absurdo jurídico de tratar como iguales a los desiguales.

8. Ignora a los medios públicos. No se reglamentan prerrogativas como la independencia editorial y financiera que les otorga la reforma constitucional.

9. Afectaría la libertad de expresión en Internet al permitir la censura gubernamental y por parte de concesionarios, además de atentar contra el principio de neutralidad de la red.

10. También permitiría a autoridades ordenar la cancelación de los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas durante eventos de protesta y otros.

11. Vulneraría la privacidad de los usuarios al ampliar las facultades de intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso a los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas.

 Estos son tan sólo algunos de los yerros y excesos de la iniciativa del presidente de la República. Con ese documento, evidentemente definido por el interés de las corporaciones televisivas, el gobierno y el PRI infringen los compromisos que adquirieron con otras fuerzas políticas, pero sobre todo con la sociedad, cuando aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de incorporar a la legislación secundaria los principios constitucionales. En sus dictámenes deben tomar en cuenta las aportaciones de otras propuestas, como la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

De prosperar sin cambios la propuesta presidencial, tendríamos una ley reglamentaria insuficiente para normar a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Se trataría de una ley claramente inconstitucional y por lo tanto objetable tanto legal como políticamente.

FIRMAN:

Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones,

Ala Izquierda, A.C.

Aleida Calleja, expresidenta de AMEDI,

Alfredo Lecona, activista

Asociación Mexicana del Derecho a la Información, (AMEDI),

Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC),

Bosque David Iglesias, jaranero

Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA),

Carlos Brito, defensor de Derechos Humanos,

Carlos Ventura, defensor de Derechos Humanos,

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.,

Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Producción Campo-Ciudad,

Citlali Hernández, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),

Colectivo #YoSoyRed

Colectivo Más de 131, Universidad Iberoamericana

Colectivo Somos Más de 131, ITESO,

Comité Cerezo México,

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC),

Dr. Miguel Concha Malo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco

de Vitoria, OP, AC

El Barzón, A.C.,

Gabriel Sosa Plata, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana –

Xochimilco

Israel García Solares, Colmex,

José Luis Caballero, académico de la Universidad Iberoamericana

Luis Daniel Vázquez Valenciz, académico FLACSO

Jenaro Villamil, Homozapping,

Margarita Torres, académica de la Universidad Iberoamericana,

Mony de Swaan Addati, excomisionado presidente de COFETEL

Neza Radio FM,

Paula Santoyo, Fundación para la Democracia,

Paulina Candia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,

Radio Nahndiá,

Radio Zapotitlan,

Raúl Trejo Delarbre, expresidente de AMEDI

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D),

Revista Hashtag,

Rossana Reguillo, académica ITESO,

Shottama, A.C.,

Vladimir Chorny, Relator para la Libertad de Expresión CDHDF

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